Iniciativa Ciudadana
de Reforma al Artículo 115 Constitucional
De el Licenciado
Reynaldo Castro Melgarejo
Nuestro Derecho a ser
Informados
El combate preventivo
de la corrupción desde los municipios.
Entregada al
Presidente electo,
Licenciado Andrés Manuel López Obrador
el 16 de agosto de
2018.
Esta
aportación fortalece un posible mejor papel del gobierno mexicano sobre este
tema. El empoderamiento de los ciudadanos para combatir la corrupción
preventivamente se ha evadido, se ha pospuesto o se ha ignorado, mientras que
la participación ciudadana se ha orientado a aspectos de acceso a la
información, cuando ya se ejerció el recurso público, sin que pueda evitarse la
corrupción o recuperarse el daño al erario público; en algunos países como
México, la participación ciudadana en la lucha contra la inseguridad se ha
convertido en las llamadas autodefensas, han surgido en varios estados del
país. Los órganos de control interno en todos los gobiernos han fallado, porque
no logran erradicarla o reducir la corrupción a lo largo de muchos años. Solo
la administran en menor o en mayor grado. Lo anterior provoca pérdidas
patrimoniales a las entidades federativas, municipios y al Estado mexicano por
miles de millones de pesos anuales; sin que tengan la recuperación en 100%,
debido a que se persigue con principios reactivos y no se combate con
principios preventivos. Alcanzar el objetivo de construir una Economía nacional
más inclusiva, implica asumir compromisos en los tres órdenes de gobierno, en
materia de Transparencia, con un enfoque firme del Combate Preventivo de la
Corrupción desde los municipios o Alcaldías en la Ciudad de México.
Se
requiere la construcción de nuevas bases en las políticas económicas y sociales
para establecer la vigencia de “La Vacuna Contra la Corrupción”. Esta propuesta
social y ciudadana, para impulsar el Combate Preventivo de la Corrupción desde
los Municipios, la presenté en la reunión Cumbre de la Alianza para el Gobierno
Abierto en Londres, OGP Londres 2013, ante 1,200 representantes de 62 países de
los 5 continentes, por la invitación de Francis Maude, Ministro de Hacienda y
Jefe de Gabinete, en la que se puntualizó " ... Creo que estamos en el
país donde se inventó la economía; donde hemos podido comprobar que no hay
“mano invisible”; y que tenemos que ayudar a aportar nuevas ideas para que sea
efectivo el apoyo, el fortalecimiento de nuestros sistemas económicos con
transparencia y el combate preventivo de la corrupción, que sea: La Vacuna
contra la corrupción. Ojalá sea un resultado de Londres 2013." A esto he
denominado La Vacuna Contra la Corrupción, misma que a David Cameron, Primer
Ministro de Reino Unido, le ha parecido una idea brillante.
Igualmente,
la he presentado en San José de Costa Rica 11- 2014; Montevideo, Uruguay
05-2016; Francia en Universidad París 1 Pantheon-Sorbona (12-2016) y en OGP-Paris-2016;
Lima, Perú- VIII Cumbre de la Américas-2018 y en Tbilisi, Georgia (07-2018) en
OGP-2018.
Valoro
que “La Visión Preventiva” para Combatir la corrupción en México, es
conveniente, viable y oportuna, porque:
Fortalece la
construcción de una Economía nacional más incluyente y la construcción en
México, de: Un Estado Transparente y Un Mercado Transparente; que
inevitablemente, será una gran Aportación de nuestro País para construir un
Nuevo Orden Económico Mundial. •
Fortalece nuestros sistemas económicos, al generar mayor certeza en una
relación sociedad-gobierno transparente en el origen y destino de los recursos
públicos desde los municipios. • Fortalece una mayor duración de los ciclos
económicos, a partir de lograr mayor certeza en la Políticas Públicas de gasto,
inversión y desarrollo social. • Genera una mejor imagen internacional de
México. • Mayor confianza de inversionistas locales, regionales, nacionales y
extranjeros al no tener que pagar diezmos o comisiones indebidas por aportar
sus inversiones al crecimiento o desarrollo social. • Fortalece la reducción de
la desigualdad social, favorece la Inclusión financiera de los ciudadanos y la
creación de un verdadero Sistema Nacional de Evaluación de las Políticas
Públicas.
Propongo
el Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios, con base en los
siguientes principios: 1) La Transparencia en el origen y destino de los
recursos públicos desde los municipios y 2) La participación preventiva de los
ciudadanos, como contrapeso efectivo y oportuno contra la corrupción o
desviación de los recursos públicos de funcionarios de cualquier partido
político. Los problemas estructurales que se resolverán son los siguientes: La
alternancia en el Poder Político no ha dado resultados, poniendo en riesgo la
democracia. La inseguridad y violencia son argumentos que lo confirman, entre
otros, como el crecimiento de la pobreza. El otro conflicto que se solucionaría
sería la forma en que se administra la Corrupción en México. Basta ver las
históricas cifras de daño patrimonial presentadas cada año por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y otros Órganos Internos de Control de
dependencias federales, estatales y municipales; porque la rendición de cuentas
es reactiva y no preventiva. Con ello se pierden miles de millones de pesos
cada año. Empresarios dicen que el costo de la corrupción es del 10% del PIB y
ciudadanos del estado de Michoacán, que el 25% de los recursos federales van a
la corrupción. Presidentes municipales se quejan de extorsiones, por bajar
recursos públicos de origen federal, cuyas comisiones no debieran existir y
mencionan que alcanzan más del 30%, imponiéndoles las empresas que supuestamente
construirán las obras pactadas. El Impacto de esta propuesta consiste en romper
el sistema viciado que administra la corrupción y no permite que haya
Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los
municipios.
La
ciudadanía se beneficiará al estar empoderada para que sea contrapeso
preventivo y oportuno contra la corrupción y pueda participar en la
deliberación de prioridades y toma de decisiones en el uso de los recursos
públicos de procedencia federal, estatal y municipal. Por otro lado, los
empresarios tendrán certeza de que, para hacer sus inversiones no tienen que
pagar comisiones o beneficios indebidos a funcionarios y la inversión pública y
privada, tendrá un mayor efecto multiplicador en beneficio del crecimiento del
mercado interno, que redundará favorablemente en el desarrollo económico y
humano y social de la población en los municipios. Valoro que merece ser
presentada porque es una aportación a la Economía que fortalece los sistemas,
como se mencionó en Londres: “… no hay mano invisible” que corrija los serios
desequilibrios que están causando grandes problemas a la gobernanza en todos
los países, buscando mejores resultados para combatir preventivamente las
condiciones existentes del “Mercado Corrupto” y “Estado Corrupto”. La
transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los
municipios, base para el Combate Preventivo de la Corrupción.
Los
desequilibrios financieros y casi quiebras de estados y municipios por la
corrupción y excesiva deuda pública nos obligan a pensar o repensar, si la
teoría económica de tantos pensadores nativos del Reino Unido y de otros países;
así como la equivocada conducción económica en México, podrá sostenerse con las
bases actuales de “la mano invisible” o la supuesta racionalidad de los agentes
económicos. Es inevitable asumir que estamos obligados a pensar y aportar
nuevas ideas para lograr reorientar la funcionalidad de la economía de los
países en crisis y emergentes que están a punto de estallar sus crisis internas
en lo económico, político y social y otros de los que no han podido salir de
las mismas.
Los
recursos públicos en dinero, naturales, materiales y humanos, no deben ser
razón de la corrupción de esos irracionales que la historia registra como
corruptos, beneficiarios de las decisiones de gobernantes corruptos o líderes
rentistas de beneficios políticos y económicos desde los partidos políticos o
liderazgos sociales.
Salvemos
a nuestro país, estados y municipios de la corrupción, antes de que los
corruptos acaben con ellos y las posibilidades de vida digna de sus pobladores
de generaciones presentes y futuras. Por eso propongo: El combate preventivo de
la corrupción desde los municipios, con base en la transparencia en el origen y
destino de los recursos públicos desde los municipios. Es obligado para
economistas, pensadores, políticos, gobernantes, legisladores, jueces y
ciudadanos, no olvidar o negar, que todos tenemos derecho a, y responsabilidad
de, saber desde el principio de cada año en que se ejerce un presupuesto anual
con recursos públicos: el origen y destino de los recursos públicos de orden
federal, estatal y municipal, que se gastan en mejorar las condiciones de vida,
salud, educación, vivienda, obra pública y bienestar social, en nuestras
ciudades, condados, cantones, colonias, pueblos o municipios.
En
un análisis objetivo y serio, queda claro que la realidad sobre la corrupción
en México rebasa todos los mecanismos de control o combate, por ser reactivos y
no preventivos. Igualmente, en las nuevas ideas para combatirla, las distintas
Propuestas o Iniciativas, presentadas, independientemente de los partidos
políticos que las elaboraron, excluyen, o no le dan un real valor a la
Participación Ciudadana para Combatir Preventivamente la Corrupción. Dejando en
los ciudadanos, el tener que pagar el costo de la corrupción desde los
Municipios.
La
iniciativa ciudadana que se propone de reforma al Artículo 115 constitucional,
tiene el espíritu de impulsar el Combate Preventivo de la Corrupción desde los
Municipios, propone el empoderamiento preventivo de los ciudadanos, con la
formación de: Los Consejos Ciudadanos de Concertación Municipal, para que sea
la ciudadanía o sociedad un preventivo y efectivo contrapeso en contra de la
corrupción o, a la posible desviación en el uso de los recursos públicos. Se
requiere que México transite de “La Cultura del Reparto” y la corrupción, en
que nos encontramos, a la Cultura de la Transparencia y Preventiva Rendición de
Cuentas. Durante los últimos cuarenta años, en el contexto de la evolución que
ha tenido el avance incontenible de la corrupción, como se registra en
publicaciones de libros, ensayos, artículos de académicos, notas periodísticas,
investigaciones en innumerables medios de comunicación impresos, en la red de
Internet y electrónicos (Radio y TV) en todo el país y el extranjero; los
crecientes reclamos sociales para combatirla derivaro0n en las recientes
reformas en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual enfrenta falta de
credibilidad en la sociedad en general; es innegable que ambas reformas
significan un gran avance en favor de la rendición de cuentas; sin embargo,
después de analizarlas detalladamente, puedo afirmar que no son suficientes
para tener verdaderos gobiernos transparentes con la preventiva participación
ciudadana en contra de la corrupción; por todo lo anterior, he valorado
necesario modificar su texto, para precisar, que los Concejos Ciudadanos de
Concertación Municipal, (que propongo crear) desde la primera sesión del
Cabildo municipal en el año respectivo, sean informados y tengan conocimiento
del origen y destino de las cantidades de recursos públicos que habrán de
ejercerse, para el desarrollo económico, político, social y humano, de su
municipio. La creación de estos nuevos Activos Sociales abre espacios para
crear ciudadanía alejada de la meritocracia partidista o de dependencia de
grupos de interés o de poderes fácticos.
Comparto
con ustedes mis siguientes convicciones: • En el contexto internacional,
tenemos que transitar con certeza hacia la “Economía del Conocimiento” para
lograrlo, es inevitable compartir con los ciudadanos, el Conocimiento del
origen y destino de los recursos públicos desde los municipios; para reducir la
dependencia del gobierno federal y fortalecer los mecanismos de sustentabilidad
en los municipios y, de construcción, de la autosuficiencia de los ciudadanos.
Por ejemplo: sistemas de ahorro para el retiro, pagos de educación de los
hijos, gastos en salud, generación de autoempleo; pequeñas y medianas empresas.
• El Federalismo mexicano debe tener alcance e identidad con la sociedad
mediante el Combate Preventivo de la Corrupción, que se basa en: a) Transparencia
en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios y b) la
preventiva participación ciudadana en contra de la corrupción de funcionarios
de cualquier partido político. • Crear ciudadanía con bases constitucionales,
para que sea un preventivo y efectivo contrapeso a la corrupción e impunidad. •
Lograr credibilidad en el federalismo como la mejor opción, para la solución de
los problemas más graves en nuestro lugar de origen, donde habitamos o
desarrollamos nuestra vida cotidiana. • En el municipio, se sufre lo nocivo de
la corrupción, en los tres órdenes de gobierno, en seguridad, educación, empleo
y justicia. Ante la Corrupción que destruye nuestras Instituciones, la solución
consiste en que generar Transparencia en el origen y destino de los recursos
públicos desde los municipios y la Participación Preventiva de los ciudadanos,
como contrapeso efectivo y oportuno contra la corrupción o desviación de los
recursos públicos de funcionarios de cualquier partido político. El combate
preventivo de la corrupción desde los municipios, debe ser una prioritaria
razón de Estado. Un Nuevo Pacto Federal que se base en la transparencia en el
origen y destino de los recursos públicos desde los municipios, que permitirá
cumplir con los ciudadanos mexicanos y con los compromisos internacionales en
materia de Transparencia, combate a la corrupción y participación ciudadana y
construir Un Estado Transparente y Un Gobierno Abierto desde los municipios,
con verdadera participación y supervisión de la sociedad y transparencia en el
origen y destino de los recursos públicos. Para pasar de las palabras a los
hechos. Para Un Mejor diseño de las ciudades; que funcionen los Ayuntamientos y
vivir mejor en los Municipios: urge esta reforma estructural que propongo:
Propuesta de Reforma
al Artículo 115 Constitucional.
Exposición de Motivos
Valoro con respeto
la experiencia, atribuciones y responsabilidades de Ciudadanos de ambos
géneros, de todas las edades y organizaciones políticas, económicas y sociales;
así como, de gobernantes y representantes de los tres Poderes del Estado mexicano,
ante la importancia de impulsar el reconocimiento Constitucional de nuestro
Derecho a ser informados.
Derivado de lo
anterior, me es necesario compartir con ustedes, mi propuesta y firme
convicción de impulsar “El Derecho a ser informados” y la realización de distintas
acciones para lograrlo.
En consecuencia,
tendremos mejores conocimientos para proponer mejores ideas ante una realidad
que nos debe llevar a alcanzar mejores bases para construir en México: Un
Estado Transparente y Un Mercado Transparente.
El contexto de las
siguientes ideas y aportaciones, está basado en la realidad de nuestro país,
por lo que valoro el esfuerzo en el análisis histórico, coyuntural y
prospectivo; y, proponer posibles soluciones, sin maquillar la dimensión de los
graves problemas y riesgos para todos; nunca, pretendo encuadrar en teorías, la
falta de eficiencia de los responsables de las estructuras de los tres Poderes
del Estado mexicano, para garantizar la protección de los Derechos humanos de
sus ciudadanos, habitantes, migrantes y turistas.
Durante los últimos
40 años, en México, estamos viviendo una dinámica intermitente, contaminada por
la corrupción, evasión fiscal, las cadenas de complicidades y la impunidad; La
mejor forma de ejercer nuestros derechos humanos constitucionales es
practicando todos los días nuestras Libertades de pensar y actuar; afirmando
nuestra Dignidad frente al Estado. Es nuestro Derecho, tener Conocimiento de
las limitaciones, obligaciones o prestaciones que ha de otorgar u observar el
Estado en favor del individuo; es necesario trasladar el conocimiento del
gobierno a los ciudadanos, sobre el origen y destino de los recursos públicos
desde los municipios.
Es incuestionable,
que respecto a los Derechos que no están incluidos en nuestra Constitución
Política, su reconocimiento en favor de los ciudadanos es motivo de esfuerzos y
batallas políticas, económicas y sociales frente a los factores de Poder
institucionales y/o fácticos, que se resisten a los verdaderos cambios
estructurales. En este contexto, se encuentra la imperiosa necesidad de
reclamar nuestro Derecho a ser informados por los tres Poderes del Estado
mexicano, debemos insistir en que las Leyes sean cercanas a nuestra realidad o
a la realidad de las personas, para que ellas mismas las defiendan y se ocupen
de comprobar su debida aplicación, que debe dar como resultado nuestra mejor
convivencia entre ciudadanos o entre Sociedad y Estado. Es decir, nuestra
legítima aspiración a vivir mejor en nuestro país de origen o municipio de residencia
no termina en el reconocido derecho a solicitar información a los
representantes de los tres Poderes del Estado en nuestro país. El Derecho a ser
informados, lo podemos enmarcar referencialmente en los derechos de tercera y
cuarta generación, en el contexto de la Sociedad del Conocimiento en la que se
ha convertido el mundo en general con los avances de la revolución tecnológica
en los últimos dos siglos.
El
Municipio, Célula Política, Económica y Social de nuestro sistema confederado,
en cuya jurisdicción territorial se viven de manera intensa las luchas de
nuestros compatriotas por elevar sus niveles de vida en pleno respeto a los
derechos humanos, equidad e igualdad de género; por combatir la pobreza
extrema, por más educación, salud, vivienda, empleo y bienestar social; es la
jurisdicción territorial donde el Gobierno de la República y la Sociedad,
juntos debemos encontrar las formas, mecanismos e instrumentos jurídicos y
prácticos para equilibrar los desajustes de la desigualdad social, producto del
subdesarrollo que nos ha afectado durante tantos años; el municipio libre
requiere hoy de una reforma estructural que fortalezca su autonomía política y
económica que le permita asumir la conducción de su desarrollo integral; una
reforma estructural para consolidar la preventiva y transparente rendición de
cuentas de cara a la sociedad, de todo el sistema de gobierno en sus tres
órdenes.
En
consecuencia, es determinante la definición de reglas claras en la asignación
de responsabilidades, ampliar los mecanismos legales de la participación
corresponsable de la sociedad civil y combatir con ellos la dispersión en la
aplicación de los recursos para que haya un preventivo control en el
seguimiento y la evaluación de programas específicos en beneficio de los
municipios y no se afecten ni retrasen las metas del desarrollo nacional. Es
inaceptable que la abulia y el exceso de burocracia de algunos funcionarios,
provoque duplicidad de funciones, simulación e irresponsabilidad, que se
revierten en contra del Sistema de Gobierno al provocar como resultado el
dispendio irrecuperable de los recursos públicos. Es un clamor constante en
nuestro país, exigir el cumplimiento escrupuloso de las Responsabilidades;
claridad y transparencia en las acciones de todos los servidores públicos.
La
rendición de cuentas de cara a la sociedad debe ser una constante de todos los
representantes de los tres órdenes de gobierno. Para lograrlo, es necesario
alentar mecanismos donde la sociedad se exprese y se pronuncie a favor o en
contra de la calidad y eficiencia de la actuación de los funcionarios públicos
y pueda evaluar la correcta conducción de los programas de desarrollo que se
benefician o le afectan. Es necesario que en nuestro País dispongamos de un
marco jurídico y práctico desde cada municipio, de medios efectivos para
garantizar que los actos públicos cumplan los propósitos que la sociedad ha
establecido.
A
la libertad que existe en el País para expresar opiniones, debe otorgarse una
mayor facultad a los ciudadanos en sus municipios, para conocer e influir con
sentido preventivo y transparente, en el origen y destino de los recursos
público, para corresponder con el interés de las mayorías.
Con
respeto íntegro a la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios,
se prevé la creación de un Concejo Ciudadano de Concertación en cada municipio.
La propuesta que se somete a la consideración del Congreso de la Unión prevé
que las legislaturas de cada estado establecerán la forma de integrar los
mecanismos necesarios para su funcionamiento con la participación de los
sectores público, social y privado en el seno de los Consejos Municipales de
Concertación.
De
ser aprobada la presente iniciativa, cada Consejo que estará presidido por el
correspondiente Presidente Municipal, tendrá por objeto: informar a sus
Ciudadanos, el desglose de los presupuestos públicos aprobados en cada Orden de
Gobierno para ejercerse en su Municipio en el año correspondiente y, que la
formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal, puedan mantener una
adecuada congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como
con los diversos programas de carácter sectorial, institucional, especial y
regional derivados de dichos planes.
Para
el mejor funcionamiento de los Consejos, se prevé que estos deberán celebrar
sus reuniones cuando menos en forma bimestral, lo que les permitirá dar un
mejor seguimiento en la correcta evaluación de los Programas Anuales de
Desarrollo Municipal. Asimismo, se considera de especial relevancia señalar que
en este Concejo Ciudadano de Concertación, de ser aprobado, corresponderá a los
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, la responsabilidad
de promover el desarrollo integral de su municipio, concertando con los
representantes de los Gobiernos estatal y Federal, así como con las
organizaciones más representativas de la sociedad civil, los apoyos que se
requieran para alcanzar los objetivos y metas previstas en los Programas
Anuales de Desarrollo Municipal, así como la cabal atención de las prioridades
municipales y el seguimiento del destino transparente de los recursos.
El
funcionamiento de los mecanismos de corresponsabilidad entre la sociedad y el
Sistema de gobierno en sus tres órdenes, que proponemos a la consideración del
Congreso de la Unión, no implica una interferencia de las facultades de las
Legislaturas estatales para la aprobación o fiscalización de las cuentas
públicas municipales. Si en cambio, permitiría que no haya desfasamientos en
los programas por causas de dispersión o falta de atención oportuna; por
ejemplo, la oportunidad de programas carreteros y de obra pública, construcción
de vivienda, aulas, calles, drenajes, caminos, electrificación, etc., que son
en ocasiones incompatibles con los tiempos de lluvias, o el caso de la entrega
fuera de tiempo de los créditos que otorga la banca de desarrollo y fomento
destinados a la producción agropecuaria que en sí ocasionan pérdidas de
recursos irrecuperables en el ejercicio presupuestal que originalmente se tenía
previsto para el desarrollo de cada municipio.
El
objetivo principal no es el de integrar un presupuesto global pero sí el de
identificar la obra pública que en apoyo al municipio realizan el gobierno
federal y estatal y tenga un seguimiento y evaluación oportuna y transparente,
lo que evitará que se den por realizadas o terminadas obras que aún están
inconclusas. Lo anterior permitirá reglas claras en la asignación de
responsabilidades y en el uso de los recursos, involucra a la sociedad en la
solución de los problemas locales, en coordinación con el gobierno y sus
representantes. Generará confianza para que los inversionistas locales,
nacionales y extranjeros promuevan todo tipo de inversiones que traerán a la
vez, pequeñas y medianas empresas, lo cual redunda en la creación de fuentes de
trabajo.
El
Concejo Ciudadano de Concertación, permitirá dirimir y conciliar los conflictos
o problemas que pudieran afectar el desarrollo regional y en algunos casos
nacional. Por ejemplo, el desarrollo agropecuario, la producción de alimentos,
el turismo, la operación de puertos, la contaminación, el uso del agua, el uso
del crédito otorgado por la banca de desarrollo, el empleo, etc. Así, por
Derecho y, de hecho, el Concejo Ciudadano de Concertación sería la verdadera
Contraloría Social que vigile y haga contrapeso preventivamente a los
representantes de las dependencias de gobierno y evitaría oportunamente, la
desviación de los recursos procurando su aplicación transparente. La
transparencia en el uso de los recursos permitirá alcanzar una solución para
lograr los objetivos reales y nobles de la descentralización, evitando el
centralismo en capitales estatales o cabeceras municipales.
Nuestro
proyecto político, económico y social como Nación nos exige crear y ampliar las
condiciones para generar la riqueza que pueda tener una más equitativa
distribución mediante la creación de nuevos empleos, acabando con paternalismos
viciados. Juntos Gobierno y Sociedad debemos procurar que todos los mexicanos
desde cada municipio, participemos en la generación de la riqueza de que es
capaz potencialmente nuestro gran País. Esta adición que hoy proponemos a esta
soberanía es congruente respuesta a un reclamo nacional: que los beneficios de
la descentralización lleguen a todos los pueblos y no se dispersen en beneficio
de malos funcionarios. Con esta reforma haremos sistemática y permanente la
rendición de cuentas de cara a la sociedad de todo el Sistema de Gobierno.
Esta
propuesta es resultado de vivir intensamente una lucha junto a toda la sociedad
civil de todas las afiliaciones, abstencionistas, críticos del sistema,
intelectuales, medios de comunicación e interlocutores de la sociedad, por
ampliar la democracia: expresión de ello es la Concertación Municipal que
compromete a todos a actuar responsablemente y con sentido social en beneficio
de su municipio, colonia o ranchería donde habiten, para mejorar sus
condiciones de vida, salud, educación, cultura, empleo, vivienda, energía
eléctrica, agua, drenaje, pavimentación, caminos, etc. Como consecuencia,
tendremos mayor confianza de la sociedad en nuestro Sistema de Gobierno,
mejores ciudadanos, mejores autoridades federales, estatales y municipales sin
condicionantes partidistas; en cada municipio una más amplia gestión y solución
a las necesidades sociales y una sociedad más consciente, convencida y
comprometida con los programas de gobierno mediante su participación
corresponsable ante la honesta administración de los recursos y el éxito de las
metas.
Es
esta una adición que recoge e incorpora el gran sentido político que existe en
todas y todos los mexicanos sin distingo de siglas o afiliaciones partidistas.
En esta adición se reconocen con oportunidad las exigencias que la realidad
demanda y mantiene dinámico el propósito estratégico de transformar
positivamente la realidad en cada municipio con la aportación y participación
de la sociedad civil en todos sus segmentos.
Es
en el municipio, centro jurídico – territorial, económico, político y social de
nuestro Sistema Democrático, donde se requiere con ánimo republicano y un
esfuerzo nacional, consolidar los cambios, ampliar los mecanismos de
concertación con todas las fuerzas políticas en la jurisdicción para que la
participación de la sociedad, en corresponsabilidad con los representantes de
los tres órdenes de gobierno, sea cada vez mayor en la toma de decisiones que
implican su desarrollo. Por eso nos proponemos crear las bases para fortalecer
la construcción entre sociedad y gobierno de una nación más justa y
democrática, más soberana y nacionalista, con la participación de todos los
mexicanos. De ser aprobados por esta soberanía, los Concejos Ciudadanos de
Concertación nos permitirán en el futuro inmediato contar con un eficaz
instrumento para mantener el rumbo de nuestra estrategia de desarrollo, una
política de amplio respeto en la relación sociedad gobierno sustentada en una
economía estable y con una amplia participación ciudadana en apoyo de la
creación de fuentes de trabajo, en congruencia con las políticas y programas de
conservación ambiental. En estos tiempos, en que nuestro País lucha por
alcanzar una estabilidad sostenida de la economía, la integración del Sistema
Nacional de Planeación debe darse desde la base y célula social, política y económica
para definir con la participación de la sociedad, las prioridades de asignación
de los recursos no sólo a los aspectos de atención a la pobreza extrema, sino
también al desarrollo integral de cada municipio en que el sistema federal
aplica recursos para la incorporación de servicios y elevar la producción de
sus potencialidades.
Es
conocida por todos, la firme convicción de nuestra sociedad de no aceptar un
Gobierno que la sustituya o que limite su participación; en síntesis, nuestra
filosofía del Estado basada en nuestras Leyes abre sus acciones a un Gobierno
corresponsable junto con la sociedad en las decisiones políticas, económicas y
sociales. Un Estado comprometido con la justicia social, con una mayor
democracia participativa en la toma de decisiones. Por eso reafirmamos nuestra
convicción de formar parte de un Estado de Derecho en el que conduciremos el
cambio en el marco de la ley. Porque todos los mexicanos queremos una patria
libre frente al mundo, libre de miseria y del atraso; libre de impedimentos al
ejercicio de los derechos constitucionales y, libre de obstáculos a su
desarrollo con estabilidad.
Queremos
una Patria libre de egoísmos, envidias y mentiras en la función pública. Una
patria llena de humanismo que promueva el bienestar de todos. Por todo ello,
que con el concurso de los sectores productivos se alcance el más alto interés
de crear empleos y los mecanismos de transparencia en la aplicación de los
recursos oficiales en los tres órdenes de gobierno, para ofrecer a todos los mexicanos
mejores oportunidades de vivir una vida digna con mayor libertad y justicia
social en su municipio de residencia.
Estamos
claros que la modernización del País no está concluida, falta mucho por hacer,
y en ello se necesita el consenso de todos porque todos estamos comprometidos a
vivir en nuestro México con más y mejor democracia, más justicia social, más
crecimiento, empleo y bienestar; en síntesis, más desarrollo humano con
estabilidad política y económica permanente que nos permita a todos, sociedad y
gobierno, actuar en armonía y conseguir el desarrollo respetando la ley para
beneficiar a los trabajadores del campo y la ciudad, a las clases medias, a las
mujeres, a los jóvenes y a los grupos de ciudadanos que sin estar en la pobreza
extrema viven en sus municipios comprometidos con su desarrollo integral que
los arraiga y los motiva a aportar con orgullo un esfuerzo más para mejorar su
forma y nivel de bienestar.
Hoy
en la modernidad, con la reforma estructural que se propone, los órdenes de gobierno
en corresponsabilidad con la ciudadanía buscarán en armonía la atención y la
solución de las prioridades en cada municipio. En respaldo a las iniciativas
locales para que los municipios sean cada vez más capaces de conducir y
originar la energía y creatividad de la comunidad. Que el pueblo encuentre en
los municipios el lugar donde definir sus necesidades prioritarias y también la
forma de satisfacerlas.
Los
Concejos Ciudadanos de Concertación que hoy proponemos ante esta soberanía,
fortalecerán que los municipios sean la primera instancia legal donde se una la
voluntad del pueblo con la del gobierno en realizaciones concertadas y
tangibles. Ante los grandes retos nacionales, nuestro federalismo, ligado al
fortalecimiento municipal transparente, debe delegar decisiones a los estados y
a los municipios. Se trata de consolidar la democracia por medio de la
Transparencia en la descentralización, la cual permitirá que México alcance un
desarrollo más equilibrado entre las regiones y entre los sectores productivos
y sociales. Por ello, es necesario que ampliemos el marco jurídico de los
municipios para que, en consecuencia, también podamos ampliar las funciones
económicas, políticas, financieras y administrativas que les permita a los
municipios tener un mejor mecanismo para asumir en corresponsabilidad con la
ciudadanía y en coordinación con los órdenes estatal y federal, la definición
de las prioridades y la transparente aplicación de los recursos disponibles
para atenderlas.
Es
bien sabido por todos, que los desequilibrios que genera la explosión
demográfica, ante el limitado crecimiento de recursos económicos públicos para
dar respuesta a las necesidades sociales, que naturalmente implica, no podrán
ser superados si no fortalecemos a nuestros municipios; sólo con municipios
fuertes, capaces y productivos podremos alcanzar un desarrollo regional que
atenúe los flujos migratorios de los ya congestionados centros urbanos y hacia
otros países. No habrá en el corto ni en el largo plazo ciudades con suficientes
y eficientes servicios si no corregimos la inercia de las grandes ciudades que
ya de suyo venimos enfrentando, sin alcanzar a dar una satisfacción suficiente
de las necesidades básicas. Ya no podemos permitir que en las ciudades aumenten
los centros de miseria, sin intentar siquiera cambiar la inercia de la
expulsión demográfica del campo a las ciudades.
Es
urgente llevar a cabo un fortalecimiento de los municipios; en primer término,
respaldando a la voluntad popular con voluntad política para que la definición
de prioridades y aplicación transparente de los recursos en cada programa
destinado a elevar su producción y su desarrollo integral, es decir, que surjan
de los propios ciudadanos en los municipios las más importantes decisiones que
los beneficien, reconociendo su conformación heterogénea y diversa y sin perder
la unidad en los rasgos esenciales que los distinguen. En segundo término,
reforzando la formación de mecanismos transparentes de coordinación financiera
y administrativa con los otros dos órdenes de gobierno, que respeten las
capacidades peculiares que distinguen a cada municipio y además incluya con
claridad el papel de las organizaciones sociales que le dan sentido a la
democracia municipal.
Sabedores
de que las inercias de la burocracia han generado ineficiencias administrativas
en las distintas instancias de la administración pública es determinante
respetar y ampliar el reconocimiento a la democracia participativa, para que
sea sustento legal y respetado, y se convierta cada vez más en una práctica
legal, natural y cotidiana con el fin de que la comunidad organizada participe
en la definición, seguimiento de la ejecución y control de las decisiones que
afecten su vida. Así los Concejos Ciudadanos de Concertación serán el instrumento
dentro de un marco reglamentario para el fortalecimiento de la
descentralización y el municipio proponiendo a los gobiernos estatales la
adecuación de sus normas administrativas, que dentro de la Planeación
Democrática permitirá que los ciudadanos de cada municipio conozcan las obras
federales y estatales que se llevarán a cabo en su jurisdicción.
Este
será un punto básico que permitirá no sólo el mejor desempeño del servicio
público en los municipios, sino que será el mecanismo de retroalimentación tan indispensable
que la Federación necesita en la evaluación de la función pública en sus tres
órdenes de gobierno para una mayor fuerza de nuestro Pacto federal que se
signifique en la fortaleza de nuestra soberanía.
Es
una firme convicción de los mexicanos, que el Gobierno en respuesta a un
reclamo ciudadano, no siga tomando decisiones desde el centro que definan
políticas públicas para el desarrollo municipal. Es por ello, que juntos
federación, estados y municipios podremos convertir a la participación corresponsable
de la ciudadanía en una gran vertiente de la política que se traduce en
democracia al reasignar responsabilidades y recursos, lo que significa
redistribuir el poder de decisión sobre la atención de sus prioridades. Para
redistribuir el poder de decisión, se requiere que los estados se propongan más
que conducir el desarrollo, avanzar en el fortalecimiento de los municipios.
La
consecución de este objetivo exige alcanzar logros en la transferencia de
funciones administrativas y de procesos más acabados de decisión que los
podremos lograr con la puesta en marcha de los Concejos Ciudadanos de
Concertación.
Condicionante
de nuestro desarrollo ha sido el centralismo mismo que se ha contraído con la
apertura a la participación de la sociedad en un proceso gradual como lo
demuestra la Reforma del Estado, pero hoy es necesario redistribuir también las
atribuciones relacionadas con la producción y el desarrollo integral,
contrarrestar el centralismo burocrático con la colaboración de todos los sectores
sociales y económicos, dando vigor a nuestra concepción mexicana de
federalismo. Afirmamos que, en coordinación con los estados, es necesario
establecer metas específicas y vigilar su cumplimiento, revitalizando el
acuerdo en lo fundamental de nuestra Constitución Política, mediante la
concertación de acuerdos y formulación de compromisos sociales que en las
regiones y municipios atiendan adecuadamente las demandas de la sociedad. Esto
lo podremos conseguir con los instrumentos jurídicos y prácticos, en que juntos
sociedad y gobierno en sus tres órdenes habremos de convertir a los Concejos
Ciudadanos de Concertación, mismos que nos permitirán poner cifras y tiempos de
entrega en los acuerdos con las organizaciones sociales en cada municipio para
conjuntar los de cada entidad que conforman el universo federal.
Estamos
ciertos que, al perfeccionar los instrumentos para coordinar la
corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, la acción pública se verá
aceptada en programas útiles y tangibles apoyados y avalados por los
directamente beneficiarios de los mismos o su disentimiento oportuno que nos
evitará la dispersión de los escasos recursos y actos de corrupción.
La
participación de los mexicanos es un reclamo social que hemos escuchado a lo
largo de nuestro país. Con la aprobación de esta soberanía los Concejos
Ciudadanos de Concertación podrán ser los instrumentos que permitan identificar
y proponer soluciones eficaces a las prioridades municipales que forman el
conjunto de prioridades estatales, lo cual retroalimentará la Federación
evitando la selección de obras desarticuladas de la realidad social o que
pudieran responder a intereses de terceros.
El
establecimiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación en el marco de la
adición al Artículo 115 Constitucional que proponemos ante esta soberanía, será
un gran paso para apoyar a los Ayuntamientos a enfrentar con mejores
instrumentos jurídicos y prácticos la prestación de servicios públicos en
coordinación y con el apoyo de las Dependencias Federales, estatales y en
corresponsabilidad con la sociedad de cada municipio. En este orden de ideas,
los municipios estarán mejor preparados para asumir en definitiva la conducción
de su propio desarrollo. Ayudando a que con madurez y en el marco de la ley, en
la primera instancia del gobierno se viva la democracia representativa y
participativa para la solución de muchos de los problemas más sentidos del
país, ejerciendo una aplicación transparente de los recursos del Sistema de
Gobierno en sus tres órdenes. El espíritu de esa reforma estructural que se
propone es crear los instrumentos legales que permitan una solución y responder
insoslayablemente al legítimo reclamo ciudadano de que la política económica
adopte modalidades de ejecución municipal.
En
apoyo al espíritu contenido en esta propuesta es impostergable reformar nuestra
Carta Magna, modificar las estructuras sectoriales para que estén en
condiciones de responder a las necesidades de cada entidad partiendo de la
concertación a nivel municipal. A esto convocamos, a todos los partidos, a
trabajar juntos para modificar las leyes orgánicas y reglamentarias
correspondientes a efecto de que las de las Secretarías de Estado, Dependencias
y Organismos se modifiquen y faculten a sus delegaciones y oficinas
representativas en apoyo al buen funcionamiento de los Concejos Ciudadanos de
Concertación, que impulsarán no sólo aspectos administrativos de la función
pública en los municipios, sino también incorporarán aspectos productivos con
una transparente aplicación de los recursos económicos, humanos y materiales
para su desarrollo integral. Prioridad nacional del presente y del futuro es
que México recobre la dinámica de la actividad productiva, debemos continuar la
descentralización, pero no meramente administrativa, sino la que pasa por la
democracia representativa y participativa y acerca las decisiones a los
ciudadanos, no sólo en los aspectos electorales o de programas especiales, sino
en los distintos sectores de la producción y de la obra pública para fortalecer
e impulsar al desarrollo integral de los municipios.
Este
nuevo instrumento de participación ciudadana que proponemos, de ser aprobado,
será el eje fundamental en lo político, económico y social para que la función
del Estado alcance una reforma estructural desde la célula básica de su
organización. Es por eso por lo que sabedores que la gran tarea que tenemos
enfrente, tenemos que crear un marco jurídico para la corresponsabilidad que la
sociedad asumirá en esta lucha por recuperar la dinámica del crecimiento
económico y una equitativa distribución de la riqueza nacional, se mantenga en
armonía, con un manejo transparente de los recursos públicos para el desarrollo
de la Nación. La escasez de recursos económicos es un obstáculo muy concreto.
Es por eso por lo que valoramos la participación ciudadana como básica, para
lograr el bienestar social. La corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en
los Concejos Ciudadanos de Concertación será un efectivo contrapeso que anulará
la corrupción, desviación de recursos, la desviación o el atraso injustificado
de obras y programas que posteriormente tienen un costo elevado fuera de
presupuesto y un consecuente impacto negativo en la función del gobierno, sea
federal, estatal o municipal. Los Concejos Ciudadanos de Concertación serán
instrumentos eficaces en atención directa a las demandas de la sociedad para
lograr juntos, sociedad y gobierno, empresas y trabajadores de todos los
sectores productivos, una más equitativa generación y distribución del ingreso,
una más amplia y efectiva posibilidad de llevar un justo reparto de la riqueza
desde los municipios, que genere más y mejores empleos y desarrollo de las
potencialidades regionales, más expedita justicia social porque con la
aplicación más transparente de los recursos públicos, con una participación
corresponsable de la sociedad, tendremos más calidad y oportunidad en la obra
política y en la obra pública para elevar nuestros niveles de educación,
comunicaciones, caminos, drenaje, uso del agua, salud, vivienda, alimentos a
mejores precios y de calidad y una sana convivencia social y un fortalecimiento
de la democracia política y económica para enriquecer y reforzar nuestra
soberanía, nuestro desarrollo económico y social, sustentado en un crecimiento
armónico y sostenido de los principales indicadores de desarrollo, que sin duda
alguna se traducirán en un combate efectivo, sistemático y estratégico de la
corrupción, la dispersión y la pobreza extrema. El avance del proceso de
construcción democrática en que hoy México se encuentra nos compromete a
transitar dentro de la ley y fortalecer las instituciones para lograrla en lo
político, en lo económico y en lo social, contando con la alianza de la
sociedad, para alcanzar mejores resultados en la función pública municipal,
estatal y federal.
Por
lo anteriormente expuesto con fundamento en la Fracción IV del Artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 135 de la
propia Constitución General de la República, nos permitimos someter a la
consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente: Iniciativa de
Decreto por el que se Adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la
fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO
ÚNICO. - Se adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo
115.-………………………………………………………………………….
I.
a VIII…………………………………………………………………………………..
IX.
En cada municipio habrá un Concejo Ciudadano de Concertación, en el que participarán
los sectores público, social y privado de conformidad con lo que establezcan
las legislaturas locales. Cada Concejo estará presidido por el Presidente
Municipal y tendrá por objeto: informar a sus Ciudadanos, el desglose de los
presupuestos públicos aprobados en cada Orden de Gobierno para ejercerse en su
Municipio en el año correspondiente y, de la formulación de los Programas
Anuales de Desarrollo Municipal, procurando mantener congruencia con los Planes
Estatal y Nacional de Desarrollo y con los programas derivados de éstos.
Para
ello, los Concejos Ciudadanos de Concertación tienen facultades para conocer en
la primera sesión de Cabildo municipal, en el año respectivo, el origen y
destino de los recursos públicos de orden federal, estatal y municipal que
habrán de ejercerse en el Municipio, contenidos en los presupuestos que han
sido aprobados por los Congresos federal y estatal; y el Cabildo concerniente;
así como, participar en el diseño de las políticas públicas del desarrollo
municipal y los propios programas federales y estatales, en sus respectivas
áreas de jurisdicción.
Teniendo
en sus reuniones una periodicidad bimestral, como plazo máximo, para la
correcta evaluación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal.
Los
Concejos Ciudadanos de Concertación se integrarán en forma participativa en los
términos que determinen las legislaturas locales, de conformidad con las
siguientes bases:
a).
Establecerán las funciones que correspondan a los propios Concejos respecto a
la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o
realización de acciones de desarrollo económico y social.
b).
Establecerán los mecanismos de coordinación y concertación que permitan una
adecuada supervisión y preventivo control de los recursos destinados a la
inversión productiva y del cumplimiento de los programas.
c).
Señalarán las reglas para la regulación conjunta y coordinada de desarrollo de
los municipios dentro del mismo estado y en las zonas conurbadas.
En
apoyo al buen funcionamiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación, los
Ayuntamientos serán responsables de promover el desarrollo integral de su
municipio, concertando con los representantes de las dependencias y entidades
de los gobiernos estatal y federal, así como con las organizaciones más
representativas de la sociedad civil, los apoyos necesarios para el logro de
los programas correspondientes, el estímulo de la producción, la atención de
las prioridades municipales y el seguimiento del destino transparente de los
recursos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.
- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.
- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el plazo de un
año computado a partir de la vigencia de este Decreto, procederán a reformar y
adicionar las leyes federales, así como las Constituciones y leyes locales,
respectivamente, para proveer el debido cumplimiento de las bases que se
contienen en el mismo.
Reitero
a ustedes CC. secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
SUFRAGIO
EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
México,
D.F., a los __ días del mes de ____ del 20__.
